¿Qué es?

“En una escuela inclusiva sólo hay alumnos, a secas, sin adjetivos; no hay alumnos corrientes y alumnos especiales, sino simplemente alumnos, cada uno con sus propias características y necesidades. La diversidad es un hecho natural, es la normalidad: lo más normal es que seamos diferentes. ¿Qué podemos hacer para todos los alumnos, que son diversos, para que todos aprendan al máximo de sus posibilidades?”. (Pujolàs y Lago, octubre 2009)

¿De dónde surge?

“La Educación Inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje” (UNESCO, 2006, pág. 14).

Derecho de Educación Inclusiva

La educación es un derecho fundamental de todas las personas y hacerlo efectivo exige garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. Esto incluye a todos los niños y jóvenes con y sin discapacidad.

El derecho a una educación inclusiva viene avalado por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que España ratificó en 2008 y que reconoce en su artículo 24 que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos. Se trata de un imperativo legal en el que no cabe la educación especial, que debe ir migrando -en un periodo razonable- hacia estructuras y prácticas plenamente inclusivas para todo el alumnado, sin distinciones ni acepciones.

A día de hoy, entendemos que la atención a la diversidad va mucho más allá de la integración y que debe plantearse desde la inclusión, promoviendo la presencia, la participación y el progreso de todo el alumnado (tal y como apuntan Ainscow, Booth y Dyson, 2006).

Además, en el preámbulo de la reciente Ley de Educación-LOMCE se reconoce que: “Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades”.

El sistema educativo debe permitir que todos los niños, sean cuales sean sus características personales, participen en la vida educativa, en igualdad de condiciones, recibiendo los apoyos adecuados a sus propias características y potencialidades. Todo esto supone un cambio en la manera de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo en el profesorado, sino también en la sociedad y en la administración educativa.

Informe del Comité de la ONU

Educación inclusiva como principal preocupación

Sin embargo, aunque han pasado más de diez años desde que nuestro país ratificó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad seguimos sin cumplir el derecho de la educación inclusiva en nuestro país, como denuncia el informe del Comité de la ONU

“Preocupan al Comité los escasos avances del Estado parte en relación con la educación inclusiva, incluida la falta de una política clara y de planes de acción para su promoción. Le inquieta al Comité que un número importante de niños y niñas con discapacidad, incluidos niños y niñas con autismo, con discapacidad intelectual o psicosocial o con pluridiscapacidad, sigan recibiendo una educación especial y segregada”, dicta el texto.

Dentro del apartado dedicado a la educación inclusiva, el Comité recomienda que se adopten “medidas que conciban la educación inclusiva como derecho”, y que se otorgue a “todos los estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran, e implemente las demás recomendaciones del informe de su investigación”. Además, exige que se “acelere la reforma de la Ley de Educación para que se defina claramente la inclusión educativa y sus objetivos específicos para cada etapa del ciclo educativo y se concrete “una política integral de educación inclusiva que contenga estrategias para promover una cultura de inclusión en la educación ordinaria”.

Es decir, teniendo en cuenta, tanto la Convención como este informe, no debe caber duda alguna sobre la línea que han de seguir las políticas respecto a la enseñanza de las personas con discapacidad en nuestro país. El debate ya no ha de ser sí o no a la educación de tipo inclusivo, sino cómo llevar a cabo las acciones que aseguren el cumplimiento de este derecho aprobado y ratificado por España y por las Naciones Unidas.

La doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la educación inclusiva: evolución

Juan Rodríguez Zapatero, abogado y experto en asuntos jurídicos sobre discapacidad y en especial, sobre educación inclusiva, analiza en un informe los aspectos más destacados de la jurisprudencia sobre esta materia. Se detalla en el texto, como han sido los pronunciamientos de Juzgados y Tribunales sobre el derecho a la educación inclusiva, antes de que existiese doctrina del Tribunal Constitucional; a partir de la sentencia de 27 de enero de 2014, el análisis de la misma y las sentencias posteriores, hasta llegar a la importante sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. Precisamente, se considera esta sentencia trascendente por la configuración definitiva de la educación inclusiva como un derecho fundamental, con las consecuencias prácticas jurídicas que ello tiene y de amparo judicial. Y de manera muy destacada, cuáles son los mandatos y las obligaciones que incumben a las Administraciones educativas, en orden a garantizar la efectividad de este derecho fundamental. El informe La doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la educación inclusiva: evolución. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017

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